Ana Murcia Asensio es pedagoga activista y feminista. Ocupa la plaza de funcionaria en el el Equipo de Orientación Educativa de Grado en Asturias. Trabaja en la identificación de barreras, las BAP (barreras a la presencia, al aprendizaje y a la participación del alumnado), y en el diseño las actuaciones que hagan posible avanzar hacia una escuela sin procesos de exclusión.
Le encanta impartir formación y compartir su experiencia de más de veinte años en educación inclusiva, algo que desde hace tiempo aplica también a la preparación de procesos selectivos de orientación educativa, fusionando el estudio con la realidad de las aulas y consiguiendo así la actualización e innovación tanto en el planteamiento como en los materiales.
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Repetir una idea en bucle no hace que se convierta en realidad pero sí desarrolla la sensación de que estamos mucho más cerca de lograrla, por eso convivimos con una especie de ilusionismo en nuestras escuelas cuando hablamos de inclusión, como si realmente fuera un objetivo cumplido, y esto termina generando una falsa y autocomplaciente visión de la realidad.
Y es que más allá de los preámbulos políticamente correctos de la normativa educativa, más allá de eufemismos y trampantojos, que reconocen la diversidad como algo inherente al ser humano, las diferencias siempre se han interpretado como algo negativo y se han construido desde la exclusión y la segregación. A quién o a quiénes nos referimos cuando hablamos de los planes de atención a la diversidad, por qué en cada epígrafe de esos documentos aparecen acrónimos variados (NEE, NEAE, PT, AL,…). A ver si lo que realmente estamos queriendo decir es que unos son los normotípicos y otros los diversos y diversas y por eso seguimos clasificando al alumnado en base a una categorización clínica y economicista, con tipologías médicas, algunas de las cuales generan recursos (materiales, humanos y económicos) y otras no. La permanencia de estas terminologías sigue poniendo el foco y la responsabilidad de no aprender en el propio alumnado.
Hablar del modelo social de la diversidad funcional y terminar materializando las barreras al aprendizaje, a la presencia y a la participación en informes de evaluación psicopedagógica en cuya portada aparece el nombre de un niño o de una niña, es una gran contradicción del sistema, como lo es hablar de DUA (diseño universal para el aprendizaje) y ACI (adaptación curricular individualizada) como si fueran conceptos complementarios o sucesivos.
Otro claro ejemplo es el de la prevención, pilar básico para cualquier ley educativa, aunque el modelo de atención a las dificultades de aprendizaje en el que estamos instalados reciba el nombre de modelo de espera al fracaso. Porque no vale con decir muchas veces que hay que prevenir, hace falta diseñar actuaciones que hagan posible que este principio se desarrolle en nuestras aulas, pero también sería necesario que se velase por ello desde las administraciones y que se estableciera un calendario preciso para la elaboración de programas preventivos, al igual que sucede con toda la burocracia que se nos tiene encomendada.
Hay muchos más trampantojos, por qué no hablar de la docencia compartida y de cómo en muchos casos se reduce a que las y los especialistas de PT (pedagogía terapéutica) o AL (audición y lenguaje), desde un rol auxiliar y secundario, entren a apoyar en el aula al alumnado al que le hemos puesto alguna sigla, aunque se enteren de lo que va a pasar en clase una vez que están dentro al no haber una planificación, un diseño y un desarrollo conjunto de las sesiones. Sería interesante no caer también en el error de pensar que la intervención en el aula es por sí misma inclusiva y cuestionarnos que puede resultar de lo más segregadora si no tenemos en cuenta algunas cuestiones básicas y prioritarias como la distribución heterogénea, la accesibilidad o el andamiaje entre otras.
Podríamos seguir con las metodologías, la formación inicial y permanente del profesorado… pero tampoco se trata de echar balones fuera desde la queja y el victimismo sino de plantearnos propuestas de acción, porque todos y cada uno de nosotros y nosotras tenemos una gran responsabilidad individual frente a los cambios, somos el principal recurso para modificar y mejorar la realidad, nunca un legislador se adelantó a una necesidad o demanda social.
